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A espera de sentencia, concluye juicio por el mayor escándalo de maltrato animal en granjas en España

Los responsables de la granja que abastecía a la empresa El Pozo enfrentan en juicio una acusación de 14 delitos de maltrato animal, tras un caso revelado por Igualdad Animal y el periodista Jordi Évole.
7 de septiembre, 2026
Aldo Franco

Un juicio, que se remonta a una investigación expuesta hace ocho años por el periodista Jordi Évole e Igualdad Animal, concluyó su fase de audiencias en España, y ahora la jueza a cargo del caso deberá emitir su resolución.

El proceso se desarrolla en el Juzgado de lo Penal Número 1 de Lorca, en la región de Murcia, contra los hermanos Carrasco, propietarios de una granja de cerdos que en su momento fue proveedora de El Pozo, una de las empresas cárnicas más grandes de España. 

Se trata del mismo caso que en 2018 conmocionó al país entero, cuando el programa Salvados, conducido por el periodista Jordi Évole, transmitió las imágenes obtenidas en una investigación conjunta con Igualdad Animal bajo el nombre “Stranger Pigs”.

El programa supuso un escándalo sin precedentes en España respecto de la crueldad que enfrentan los animales explotados para consumo humano y puso en el debate público su sufrimiento.

Nuevo juicio, nueva oportunidad de justicia

Después de años de litigio, la Audiencia Provincial de Murcia (un tribunal de esa región) aceptó un recurso presentado por Igualdad Animal —que participa en el proceso como acusación popular— y ordenó que el caso volviera a juicio, luego de considerar que en la sentencia absolutoria dictada el 13 de mayo de 2024, la jueza no valoró las pruebas de forma razonable y que existió una evidente falta de motivación.

La organización solicita que se reconozcan 14 delitos de maltrato animal y pide una condena de tres años de prisión, además de nueve años de inhabilitación para la tenencia de animales.

La primera sesión del nuevo juicio tuvo lugar el 2 de septiembre. Ese día declararon los propios acusados, la veterinaria de la granja, un inspector de la Consejería y el camarógrafo que documentó la explotación junto al equipo de Salvados. También compareció como testigo Javier Moreno, cofundador de Igualdad Animal, quien participó directamente en la investigación original.

Los acusados enfrentan en juicio acusaciones de 14 delitos de maltrato animal.
Los acusados enfrentan en juicio acusaciones de 14 delitos de maltrato animal.

Llevamos dos décadas destapando la realidad de la industria ganadera. No son casos aislados. La violencia y los abusos son la norma en una industria que ve y trata a los animales como mercancías de las que obtener el máximo beneficio económico

Javier Moreno, cofundador de Igualdad Animal

En la segunda sesión, celebrada el 3 de septiembre, se escuchó a los peritos veterinarios y se proyectaron las imágenes obtenidas dentro de la granja. Con ello, el juicio quedó formalmente cerrado a la espera del fallo. Un dato relevante: tanto el peritaje ordenado por el juzgado como el aportado por Igualdad Animal coincidieron en señalar la existencia de maltrato por omisión. El peritaje presentado por la defensa, en cambio, sostuvo que no existen elementos suficientes para afirmar que ese maltrato haya ocurrido.

Cerdos en El Pozo, España

Un caso que trasciende fronteras

Aunque el juicio se desarrolla en España, su relevancia alcanza a todos los países donde la industria ganadera opera bajo lógicas similares, incluido México. Las granjas industriales de cerdos —ya sea en Murcia, en Jalisco o en cualquier otra región del mundo— comparten un mismo sistema de producción que prioriza el rendimiento económico sobre el bienestar de los animales.

Desde Igualdad Animal México, damos seguimiento a este proceso judicial como parte de nuestro compromiso global con la defensa legal de los animales. Este caso demuestra que la evidencia documental obtenida mediante investigaciones encubiertas puede convertirse en una herramienta real para exigir justicia, incluso años después de que las imágenes salieran a la luz.

Igualdad Animal continuará usando todas las vías legales disponibles para exigir responsabilidades cada vez que existan indicios de maltrato animal, sin importar en qué país ocurran los hechos.

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