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300 días de omisión legislativa: el Congreso incumple la Constitución y deja desprotegidos a los animales en México

El Congreso debió expedir la Ley General de Protección Animal en junio de 2025, por lo que suma 300 días de omisión legislativa.
27 de marzo, 2026

A 300 días del plazo establecido por la Constitución, el Congreso de la Unión continúa sin expedir la Ley General de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, incumpliendo un mandato directo de la Carta Magna.

La reforma constitucional aprobada en 2024 obligaba al Poder Legislativo a emitir esta ley en un máximo de 180 días. Sin embargo, el plazo venció el 1° de junio de 2025 sin que se cumpliera esta obligación, configurando una clara omisión legislativa.

Este incumplimiento no es menor: implica que las y los legisladores están desobedeciendo una disposición constitucional expresa, que debilita el Estado de derecho y retrasa la protección efectiva de millones de animales en el país.

Una omisión que afecta directamente a los animales

La omisión de la Ley General mantiene a México en un vacío normativo donde la protección animal depende de regulaciones estatales desiguales e insuficientes, sin un estándar y responsabilidades claras entre los diferentes órganos de gobierno.

De acuerdo con el seguimiento que realizado Igualdad Animal México, esta omisión ya tiene consecuencias concretas:

  • Reformas estatales detenidas, ya que los congresos locales esperan la ley general para evitar contradicciones legales.
  • Decisiones judiciales perjudiciales para los animales, ante la ausencia de un marco nacional claro.
  • Falta de estándares mínimos de protección, lo que deja a millones de animales —especialmente los utilizados en la ganadería— sin garantías efectivas.

El Congreso ha caído en omisión legislativa pese al trabajo de organizaciones, academia y especialistas.
El Congreso ha caído en omisión legislativa pese al trabajo de organizaciones, academia y especialistas.

Una Constitución de vanguardia sin aplicación real

En 2024, México dio un paso histórico al reconocer a los animales en la Constitución y prohibir su maltrato. Sin embargo, sin una ley reglamentaria, este avance queda incompleto e inoperante.

La ley general permitiría:

  • Establecer estándares, responsabilidades y facultades sobre la protección animal en todo el país.
  • Obligar a los tres niveles de gobierno a actuar.
  • Establecer sanciones claras y mecanismos de cumplimiento.

Hoy, la falta de la norma se traduce en protección fragmentada, débil y muchas veces inexistente.

En enero de 2026, Igualdad Animal México impulsó una nueva iniciativa en la Cámara de Diputados para crear la primera Ley General de Protección Animal en el país.

Esta propuesta busca establecer un marco nacional que reconozca a los animales como seres sintientes, garantice estándares en todo México e incluya el principio pro animal.

A pesar de ello, el Congreso no ha priorizado su discusión, prolongando el desacato constitucional. Esta omisión se vuelve más preocupante ante el silencio de las cámaras sobre el futuro de la norma.

La presión ciudadana es clave

Ante la falta de acción legislativa, la sociedad civil ha tomado la iniciativa, lo cual quedó demostrado en 2024 con el impulso —hasta su aprobación— de las reformas constitucionales.

Igualdad Animal México llama a la ciudadanía a firmar la petición para exigir la aprobación inmediata de la Ley General de Protección Animal.

La omisión del Congreso es preocupante por sus consecuencias para los animales, pero también porque los legisladores y legisladoras incumplen abiertamente la Constitución”.

Dulce Ramírez, Directora de Igualdad Animal México

Firma esta petición para apoyar las iniciativas y recibir acciones.

Los 300 días de retraso no solo representan una falla legislativa, sino un incumplimiento abierto de la Constitución que sigue teniendo consecuencias tangibles.

Mientras no exista la ley:

  • Los animales seguirán expuestos a maltrato sin protección uniforme
  • Las autoridades carecerán de herramientas claras para actuar
  • México mantendrá una brecha entre el reconocimiento constitucional y la realidad.

La exigencia es clara: el Congreso debe legislar ya.

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