Congreso de BCS impulsa frente de congresos locales para exigir la Ley General de Protección Animal
El Congreso de Baja California Sur elevó la presión sobre el Congreso de la Unión al aprobar un segundo exhorto para que expida la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección Animal, y convocó a los congresos estatales de todo el país a sumarse a esta exigencia.
La acción ocurre en un contexto de una omisión legislativa preocupante: la reforma constitucional publicada el 2 de diciembre de 2024 ordenó la creación de esta legislación secundaria a más tardar el 1° de junio de 2025, sin que hasta ahora exista una respuesta por parte del Poder Legislativo federal.
El punto de acuerdo no sólo reitera la urgencia de la ley, sino que instruye remitir el exhorto a las legislaturas de las demás entidades federativas “para su conocimiento y, en su caso, adhesión”, abriendo la puerta a una presión coordinada desde lo local.
Respaldo a la exigencia de la sociedad civil
El llamado del Congreso sudcaliforniano se suma a la presión y lucha de la sociedad civil que exige la Ley General de Protección Animal. Hasta ahora, más de 45 mil personas han firmado para apoyar esta iniciativa, sumado a las más de 140 mil que apoyaron la reforma a la Constitución que dio origen a esta norma
Lejos de ser un simple retraso, la falta de esta ley implica el incumplimiento de un mandato constitucional vigente; una omisión que mantiene sin efectos prácticos una reforma aprobada para fortalecer la protección de los animales en México.
Si otros congresos estatales se adhieren al exhorto y la exigencia de la sociedad civil podría incrementar la presión sobre el Congreso federal.
Una deuda legislativa con los animales
La Ley General de Protección Animal no es una iniciativa opcional, sino una obligación constitucional pendiente. Su ausencia prolonga vacíos legales, impide la estandarización de criterios en el país y limita la capacidad de las autoridades para prevenir y sancionar el maltrato animal.
Mientras el Congreso de la Unión no cumpla con este mandato, millones de animales seguirán desprotegidos bajo un marco fragmentado y desigual.
De exhortos aislados a presión coordinada
El Congreso de Baja California Sur ya había emitido un llamado similar desde 2025. Sin embargo, el nuevo acuerdo marca un punto de inflexión: pasar de exhortos individuales a la articulación de una presión colectiva desde los estados.
Este cambio de estrategia refleja el poco o nulo interés del Congreso de la Unión por cumplir con la Constitución y con el deber de protección animal.
Para Igualdad Animal México, la omisión legislativa no solo retrasa una ley: perpetúa condiciones de vulnerabilidad para los animales y evidencia la falta de voluntad política para cumplir con una obligación constitucional.
La organización, que impulsa una iniciativa en la Cámara de Diputados, llama a la sociedad a apoyar y exigir la Ley General de Protección Animal.
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